La violencia familiar y la crisis del rol del estado

La violencia familiar podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, es un dramático problema social, en el cual interviene más de un factor.-

En primer lugar, considero, existe una progresiva pérdida de lo que somos, como así también una creciente marginalidad y pobreza, la inoperancia de las leyes, y la situación socio económica que conforman un caldo de cultivo más que propicio para la proliferación de violencia en sus más diversas manifestaciones. Todos ellos, son accidentes o factores que afectan a la sociedad de modo tal que la van alejando de su finalidad última.-

¿Cómo solucionamos este grave problema? Esta de más decir que no existe una solución mágica que termine con esto de un día para otro, para poder responder al reclamo que nos hace la realidad debemos atacar a las raíces del problema, y no sólo a los síntomas. De modo que podamos recomponer la familia (si es que ello es posible), que es el fundamento de la sociedad.-

Creo que la solución significa reorganizar en cierta medida al Estado con la participación de los ciudadanos, pero no podemos reorganizar nada si no definimos primero cuáles son los intereses vitales que comprometen la identidad de la Nación.- La crisis del país es grave, y esto afecta en gran medida a la problemática que estamos tratando.-

Debemos lograr armonizar los distintos sectores del quehacer nacional y así recuperar la vigencia del bien común.- Con este objetivo el Estado puede modernizar sus instituciones y proyectar, la inserción del ciudadano en la realidad.-

El Preámbulo de la Constitución de la Nación Argentina nos habla de “Afianzar la justicia”, para el logro de este objetivo será necesario asegurar una justicia eficiente que pueda dar respuesta a las necesidades, contingencias y aspiraciones de los ciudadanos, los cuerpos intermedios y las instituciones.- De aquí surge el imperativo de lograr el funcionamiento rápido y correcto del poder judicial y la administración pública para brindar la protección del Estado cuando alguien es privado de lo que la ley concede.-

A su vez, la aplicación de la justicia en todas sus formas es el fruto de la debida conjunción de la normatividad legislativa y de las magistraturas de aplicación, solo así se logra la concordia política.-

En el caso particular de la ley provincial de Río Negro, semejante a muchas otras que se utilizan en diversas provincias de la República Argentina, podemos mencionar que ha sido un acierto la intención de abordar el problema desde una perspectiva amplia, proponiendo un trabajo en red, interrelacionando diversos organismos debido a la naturaleza de la cuestión.-

Sin embargo, no existen los medios necesarios para implementar las soluciones, faltan subsidios y falta voluntad política, es curioso el fenómeno argentino, se ha dado el hecho de tener legislaciones de avanzada, pero de aplicación concreta muy pobre.- Otro de los desaciertos, podemos decir, se da en el ámbito de la realidad, cuando el trabajo intersistémico se transforma en rivalidad y en competencia entre las instituciones.-

Diversos trabajos de investigación han demostrado que ni las razones de tipo psiquiátrico ni las de tipo socioeconómico son necesarias y suficientes para provocar la violencia.-

En realidad, las leyes de violencia familiar permiten dar un marco teórico en el cual se puede manejar la problemática, pero está enfocada a medidas procesales y no a políticas públicas de fondo. Y para lograr lo que pretende la ley, que es prevenir, se requieren de políticas a largo plazo y a varios niveles.

Las leyes de violencia familiar, han ayudado para socializar un tema tapado, pero la intervención judicial tiene un límite, ya que ésta tiende a ser una medida solamente transitoria. La judicialización del conflicto muchas veces detona más violencia y el panorama se agrava.-

Por ello se puede decir que la judicialización del problema no necesariamente es la respuesta más adecuada. Solemos escuchar que el desencadenante de este problema es normalmente la pobreza y los antecedentes de los cuales sufren las personas que lo viven, generando así cierta catalogación de las victimas, identificando a los menores pobres con una situación de riesgo.-

Ahora bien, siguiendo esta línea de razonamiento, podemos decir entonces que estos individuos son verdaderos portadores de un mal genético ya que, afrontémoslo, en nuestro país un pobre no deja de ser pobre, y por lo tanto un niño pobre será indefectiblemente pobre y vivirá de esta manera en una situación de riesgo e irregular en forma constante, estando permanentemente expuesto a la violencia.-

Continuando con este pensamiento, podemos también decir que estos menores solo pueden seguir un ejemplo: el de sus padres, que a su vez también provinieron de hogares humildes en los cuales la “irregularidad” de sus situaciones era lo normal. Por lo tanto naturalmente, o por decir de alguna manera, genéticamente, tenderán a seguir proyectando el tipo de actitud que les hayan enseñado desde jóvenes.-

La conclusión nos lleva lamentablemente a una generalización tal, que termina siendo una discriminación en el mal sentido de la palabra, ya que el sistema debiera otorgarles un trato diferencial para ponerlos a la altura de lo que se considera los cánones “normales” de vida. Quizá las políticas de “protección” pretendidas por el sistema no son las ideales y tiendan a “victimizar” a la víctima.- No debemos incurrir en este error, no se debe tratar a la víctima como un delincuente, pero tampoco se lo debe victimizar, no se debe incurrir en la judicialización de la problemática sin más que aducir que no existen otros medios para su solución, porque los hay, y el estado es quien desde un primer momento debió hacerse cargo mediante otro tipo de sistemas.-

También vale hacer otra aclaración, que parece obvia, pero en realidad es frecuentemente olvidada: el juez solamente conoce en función del derecho y la ley, y la problemática de violencia familiar (además de necesitar trabajar con profesionales de otras disciplinas), es un problema de raigambre mucho más profunda. La judicialización debería restringirse a los casos en que corresponda tomar las medidas urgentes –exclusión, prohibición de acercamiento, etc. Pareciera ser que el estado ve la única posibilidad ente interviniente mediante la judicialización.-

El tratamiento de la violencia familiar por varias legislaciones es un avance, la evolución legislativa es un adelanto favorable, sin embargo esto no es suficiente, se debe ahondar más. Es esencial ir más allá, cambiar el ideario social, los patrones culturales, los estereotipos, sólo de esta manera se conseguirá una solución obtenida desde la raíz. El desentendimiento entre las leyes y su aplicación en la realidad continuará si no afrontamos el verdadero pensamiento colectivo.

Provisoriamente, en lo inmediato, para los problemas actuales, la respuesta en la práctica también es pobre por parte del estado, no genera mecanismos que acompañen lo dispuesto por la ley, el derecho se vuelve ilusorio, se disuelve en el aire.- No existen instituciones aptas para albergar personas, como así tampoco existen medios técnicos ni materiales para realizar un control acabado del cumplimiento de los dispuesto en contra del agresor.-

El ingreso de causas en los Juzgados con competencia en cuestiones de familia, evidencia un fracaso en el ejercicio de las funciones que le son propias a la familia como institución, por otro lado, pone en manos de la justicia el tratamiento de estos temas, y es entonces, cuando el órgano judicial debe ejercer dos funciones distintas, y muchas veces antagónicas, tomar decisiones de acuerdo con las normas jurídicas con capacidad para forzar su cumplimiento, y desarrollar una tarea de neto corte asistencial.-

El Estado, debe tomar conciencia, y hacerse responsable de sus obligaciones, debe invertir ahora para ahorrar a futuro, trabajar ahora implica ir remodelando la sociedad, ir modificando patrones de conducta, ir cuestionando las relaciones de poder dentro de la familia, esto significa nada más ni nada menos que prevención.-

Hay que preservar a la familia, ya que ésta es la base y el ejemplo de la sociedad, por ello no hay que equipararla a cualquier tipo de asociación entre seres humanos en los que se comparta el sexo, sin importar la naturaleza de la relación ni la ética, debe dejar de ser puesta en un segundo plano. Si bien la existencia de leyes procesales particulares que regulan esta problemática social en forma puntual es un avance... el verdadero desafío se haya en la reconstrucción de los cimientos de la sociedad Argentina.-